La Guardia Civil ha imputado a 60 personas en Madrid y Zaragoza acusadas de cometer varios delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, estafa y apropiación indebida, tras gestionar ilegalmente los residuos de más de medio millón de frigoríficos y liberar gases tóxicos mientras cobraban las tasas correspondientes a su eliminación ecológica, lo que les ha supuesto unos beneficios de más de 10 millones de euros en 4 años.
En lugar de ser eliminados de acuerdo con la normativa medioambiental vigente, los frigoríficos eran destruidos en centros no autorizados, mediante técnicas rudimentarias que permitían la liberación de gases que afectan gravemente a la capa de ozono.
Los frigoríficos eran llevados a chatarrerías e industrias diversas y, posteriormente, los materiales eran vendidos a fundidores y otras industrias que reciclan los distintos componentes.
Todos los frigoríficos intervenidos han sido depositados en un centro de almacenamiento temporal autorizado a disposición de la Fiscalía de Medio Ambiente.
Vía: EFEverde
