Al comprar cualquier aparato que tenga un cable o una pila, los consumidores pagan un canon para financiar su reciclaje y que los metales pesados que lleva no contaminen. Sin embargo, seis años después de la entrada en vigor del decreto que regula el sistema y pese a que los consumidores pagan al año unos 360 millones de euros, las plantas de tratamiento de residuos están casi vacías: la gran mayoría de los aparatos acaban en chatarreros ilegales o exportados a países en desarrollo como productos de segunda mano.
En 2009 se pusieron en el mercado 702.000 toneladas de productos electrónicos y eléctricos, pero ese año sólo se trataron 124.987, según el Ministerio de Medio Ambiente. El sector del reciclaje denuncia que hay transportistas, comerciantes y hasta Ayuntamientos en tratos con chatarreras, que pagan más que las plantas de tratamiento, ya que sus costes son menores. Incluso aparatos depositados en el punto limpio pueden acabar en un chatarrero e incluso hay quien critica que alguna planta de tratamiento no trata lo que le llega.
Hay exportaciones a países en desarrollo, generalmente camufladas como aparatos de segunda mano, ya que está prohibido exportar residuos peligrosos. Medio Ambiente asegura que es problema de toda la UE. “Exportan a Vietnam, China, África…
Desde la creación de la fiscalía coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo, en 2006, han crecido las condenas en esta materia.
Vía: EL PAÍS.com
