La reforma de la ley de residuos superó ayer el primer escalón, ya que la mayoría de los miembros del Congreso rechazó las dos enmiendas presentadas.
Según el ministerio de Medio Ambiente, el texto obliga a los organismos de sistemas de gestión de residuos (SIG) a que adquieran la condición jurídica de asociación para lograr una mayor transparencia y, así, involucrar a las empresas en la prevención y gestión de residuos.
Las dos enmiendas presentadas, trataban el tema de la prohibición de llevar los residuos de una comunidad a otra, impidiendo la competitividad entre las plantas de tratamiento de residuos, y la falta de mención de la separación de biorresiduos (de obligado cumplimiento en Cataluña), la creación de un sistema de retorno, o la aplicación de un canon por bolsas de plástico y residuos que acaben en vertederos e incineradoras.
Vía: EL PAÍS
